SEGURIDAD SOCIAL
(¿ya te jodISSSTE?)
Por: Árbol
Ahora se reconoce que México es uno de los países más desiguales del mundo (La Jornada, 8 febrero 2007), pero esa noticia no es nueva, eso ha caracterizado nuestro país desde la colonia, esa ha sido la norma. Incluso al cabo de la revolución los gobiernos caudillistas no reconocieron las necesidades de los po
bres, hasta 1943, año en el que se crearon la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud (SSA), el IMSS y el Hospital Infantil de México, considerado el primero de los Institutos Nacionales de Salud. Más tarde nacieron el Instituto Nacional de Cardiología en 1944; el Hospital de Enfermedades de la Nutrición en 1946; todos fundados por Manuel Ávila Camacho. No porque tuviera un gran sentido social sino para responder a las criticas de uno de los precursores del socialismo en México, el general de Brigada Francisco J. Mújica, a las enormes presiones sociales y para prevenir nuevos levantamientos revolucionarios, ya no en el campo sino en las industrias.
Esto implicó el reconocimiento del derecho a la seguridad social como parte de una visión de política y estrategia integral, la cual comprometiera la cultura de la solidaridad, a fin de poner en marcha una economía productiva con capacidad de crecimiento sostenido en el sentido preciso de la justicia social, inscribiéndose en una estrategia de desarrollo humano que permitiera el desarrollo económico. Esto no se debió a un gobierno socialista o progresista, sino fue la única forma que visualizaron los políticos para mantener la fuerza productiva.
La previsión y el ahorro son sus componentes esenciales; es por lo tanto una responsabilidad colectiva y no meramente individual. Pues está en juego el futuro de toda la población, siendo los sectores más necesitados los más presionados por los avatares de la vida y los riesgos del trabajo. Por lo que también la seguridad social es un pacto de generaciones y parte fundamental del pacto social y sus principios son: solidaridad - universalidad - integralidad - subsidiaridad participativa.
En este sentido, el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es terminante al prescribir:
"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".
La Organización Iberoamericana de Seguridad Social a su vez expresa:
"El hombre, por el sólo hecho de su condición, tiene el derecho de Seguridad Social, concebido como la cobertura integral de sus contingencias y la garantía de los medios para el desarrollo pleno de su personalidad y su integración permanente en la comunidad".
El convenio 102 de la OIT como las diferentes escuelas doctrinarias permiten configurar el concepto de la Seguridad Social y sus objetivos:
- La Seguridad Social es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales.
- La Seguridad Social tiene como objetivo proteger a todos los miembros de la sociedad frente a todas las contingencias a que se exponen a lo largo de la vida. Por ejemplo, la salud, vejez, cargas familiares, accidentes de trabajo, invalidez, muerte o desempleo, tienen que ser garantizadas obligatoriamente por el Estado, siendo éste responsable de su cumplimiento, asegurando el carácter redistributivo de la riqueza con justicia social.
Es decir que el estado está obligado a proporcionar seguridad social a sus ciudadanos, a cambio de que estos participen en las actividades productivas formales, dando estabilidad laboral y económica al país.
Ya en la propuesta de ley de 1947, que regulaba el régimen de pensiones a cargo del IMSS; se establecía que un trabajador debía destinar el 24% de su salario para cotizar y poder tener una pensión del 100% del salario al momento de la jubilación. 3.5% seria aportado por el trabajador, 3.5% por el patrón y 17% por el gobierno, como una obligación. Lo mismo se considero en la fundación del ISSSTE, en 1960; durante la presidencia de Adolfo López Mateos, con la diferencia de que el gobierno aportaría el 20.5% de los recursos. Por lo tanto, la discusión no es, si lo que aporta el trabajador es suficiente para recibir una pensión del 100%; sino si es o no un derecho.
En la ley abrogada se establece que después de 30 años de laborar se tiene derecho al 100% del sueldo base como pensión, sin embargo el promedio percápita de años laborados es de 19 años; por lo que la mayoría solo recibe una fracción de su sueldo base. El sueldo real normalmente consta de estímulos y compensación por antigüedad que comúnmente representan el 50% o más del sueldo percibido.
Se ha intentado hacer parecer a la opinión pública que el problema del régimen de pensiones es la gran cantidad de pensionados; sin embargo, existen documentos y hechos reveladores, en 1997 el gobierno asestó el primer golpe a la seguridad social, al cambiar el régimen de pensiones de los trabajadores de la Iniciativa Privada que cotizaban en el IMSS; en 1998 el Banco Mundial emite un informe para México, sobre la Reforma del Régimen de Pensiones en donde destaca la recomendación (órdenes) de aplicar el mismo esquema del IMSS en el sector público, es decir en el ISSSTE.
En el informe sostiene que es inaceptable que el Estado siga aportando fondos a las pensiones, descuidando sus compromisos (deuda) con organismo internacionales; por el contrario debe modificar su régimen para fortalecerse el sistema financiero. Según el informe de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) resulta que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFOREs), de 1997-2007, han manejado activos por 1,056,000,000,000 (un billón cincuenta y seis mil millones); cobrando por concepto de comisión 125,960,000,000 y una utilidad neta reportada de 36,410,000,000.
Pero eso no es todo en abril del 2002, el BM publica el Proyecto de Asistencia Técnica para la reforma del ISSSTE. Lo peor del caso es que en 1997 el Gobierno Federal recibió fondos a condición de emprender las reformas, adquiriendo un compromiso y en el documento de 2002 se habla de un nuevo préstamo en dos partes, la primera de 140 millones de Dólares, que se entregarían cuando el congreso apruebe las reformas legislativas. La segunda parte consta de 135 millones de dólares, sin especificar cuando se entregaría.
Según el BM, la reforma deberá ser extensa afectando todos los servicios que presta la institución cuidando de separar los servicios de salud del financiamiento; según la institución los beneficios que resultarían de aplicar sus recomendaciones, serian dos: se permitiría que el BM supervisara el funcionamiento de los sistemas de salud y financieros; lo que a su vez permitiría la entrada de empresas trasnacionales que brinden servicios de salud especializados.
En el cálculo actuarial del Fondo de pensiones del ISSSTE inscrito en un sistema de reparto, los fondos aportados por los trabajadores activos se destina al pago de las pensiones de los jubilados; sin embargo, el garante no es el trabajador en activo, sino el gobierno. Es decir que el gobierno tomaba dinero prestado de un rubro para pasarlo a otro, lo cual es correcto siempre y cuando el gobierno se cobre a si mismo, los intereses por la transacción. Sí el gobierno hubiera pagado 0.8 de intereses las cuentas serían sanas. Sin embargo; éste no solo no pago impuestos en este manejo, sino que incluso financió obra pública y ahora quiere salir con que “a chuchita la bolsearon” y no pretende responder por esos fondos. Además, en el artículo 177 de la ley abrogada se señala que si hay quiebra del sistema de ahorro para el retiro, el déficit será cubierto por el gobierno.
En la reforma, aprobada por las dos Cámaras, el trabajador ya no goza de una pensión, sino que se le entrega una cuenta de banco a plazo fijo de 30 años, la cual será manejada por una AFORE, otro nombre para los bancos, quienes podrán cobrar por comisiones alrededor del 25%. El trabajador debe contratar una aseguradora, o el mismo banco, a fin de que le calcule el monto de su ahorro y le administre la entrega mensual. Por estos conceptos la aseguradora cobrará alrededor del 23%; de tal forma que el trabajador recibirá menos del 50% de lo que ahorró. Otras de las consecuencias de la nueva ley son:
- Se exime al gobierno mexicano de su obligación constitucional de proporcionar los recursos para garantizar la seguridad social.
- Se niega el derecho de someter a una consulta democrática a los trabajadores y sus organizaciones.
- No resuelve el problema de fondo, pues no atiende el déficit presupuestal, que impide ampliar la cobertura de la seguridad social y la atención medica.
- El sistema de cuentas individuales no garantiza una pensión digna
- Es una reforma altamente costosa para los trabajadores, ya que duplica sus aportaciones, sin garantizar una atención medica de calidad y una pensión digna.
- La administración de los fondos estarán a cargo de un sistema financiero, esto implica altísimos costos fiscales al estado.
- Se reduce el problema financiero a la evaluación del desempeño de las unidades médicas y a la competencia.
- Se abrirá la puerta a la participación de empresas de salud privadas.
- Se cancelan derechos y se endurecen los requisitos: desaparece el derecho a la jubilación, la indemnización global; y el retiro por edad y tiempo de servicio aumentan.
- Las prestaciones sociales y culturales quedan sujetas a la capacidad financiera del instituto.
- Las pensiones se regirán por el incremento de la inflación y no al incremento salarial de los trabajadores activos.
Los argumentos del gobierno son que la esperanza de vida ha aumentado mucho en los últimos años, mientras que las cuotas de los trabajadores se han mantenido; sin embargo, este argumento es tramposo, pues se utiliza la esperanza de vida al nacer, la cual en 1960 era de 58 años y en el 2000 subió a 72.8, 14.8 años más, mientras que la edad de jubilación es de 62 años; este aumento se debe a que disminuyó la mortalidad infantil. El dato relevante aquí es la distancia entre la esperanza de vida y la edad de jubilación, ésta en 1960 era de 16.8 años y en el 2000 aumento a 19.78 años, solo 2.98 años más. Otro dato revelador es el índice de dependencia que consiste en dividir el número de personas que no trabajan entre las que están en edad de laborar; en 1960era de 98.4%, casi la misma cantidad de personas activas e inactivas; mientras que en el 2000 fue de 61%; es decir, por cada 10 que trabajan 6 dependen de alguien más. Este índice se mantiene estable debido a la estructura social, al menos hasta el 2030. Mientras que la proporción de trabajadores –pensionados en 1960 era de 10.6 : 1; en 1975, debido al aumento del empleo paso a 20 : 1 y en el 2005, debido principalmente a despidos masivos y falta de nuevos empleos, se redujo a tan solo 4 : 1.
Otro argumento esgrimido por los apologistas de la legitimación del robo de los fondos de pensiones, consiste en la basta cantidad de recursos que gasta el gobierno en dar seguridad social a los jubilados. En el país hay aproximadamente 5.5 millones de personas mayores de 65 años, dándoles una pensión de $6000 mensuales, serian 396,000,000,000 anuales. El PIB fue de 9.15 billones en el 2006, solo el 4% seria necesario para darles seguridad social a nuestros ancianos y 19% para darla a toda la población en forma de salud, educación y alimentación.
Por el contrario, basta echar un vistazo a la industria minera para darse cuenta de lo que esta sucediendo. La riqueza minera del país que consta de 16 millones de hectáreas (20 millones se destinan al cultivo) produce diariamente 70,000 millones de Kg de oro, 8,000 millones de Kg de plata, 18, 000, millones de Hierro, 26, 000, millones de cobre, etc. Mientras que los dueños de las mineras pagan entre 24-85 pesos por Hectárea al semestre por concepto de derecho de explotación, ¿acaso esto no es escandaloso?
No obstante el grado de manipulación que se maneja en los medios masivos de información es brutal, particularmente entre los comunicadores de TV Azteca, que se atreven a declarar cosas como “la reforma del régimen de pensiones es necesaria”, “con ella se beneficiara a los trabajadores y que no se privatizara el instituto”.
Además mienten al poner como referente a otros países de América Latina, particularmente a Chile, aprovechando la visita de su mandataria, diciendo:
“la Presidenta Michel Bachelet, que es de un gobierno emanado de un partido de izquierda, apoya ese tipo de medidas”;
Cabe señalar que tales reformas se llevaron acabo en los 70’s durante la dictadura chilena. Cuando la presidenta dijo:
“Es un tema complicado que debe atenderse. Ahora mismo en Chile se están llevando acabo nuevas reformas a la ley de pensiones, cuidando de no afectar más los derechos de los trabajadores.”No solo abusan de la falta de información y la falta de interés de la población sino que aportan falsos argumentos, siembran el conformismo, para hacer sentir a los sectores descontentos que no hay nada que hacer, que las decisiones están tomadas y las cosas están hechas. Nada más falso que ese argumento.
Se requiere de que los trabajadores rebasen el sistema representativo de los sindicatos, que deja en manos de unos pocos la decisión de las mayorías, los cuales son fácilmente cooptables a cambio de préstamos y favores personales; ahora que están tan cerca las vacaciones, adquiere carácter de canje el voto de la movilización por el de la pasividad.
Algunas preguntas de entrada que podemos hacernos son:
- ¿Por qué se encuentra quebrado el ISSSTE?
- ¿Quiénes son los responsables?
- ¿Cuál es la responsabilidad de la nueva ley con respecto a las instalaciones, el material de los hospitales, el mobiliario y especialmente con los que se jubilen a partir de ya?
- ¿A quiénes beneficia la cancelación de derechos logrados por hombres de otras generaciones a los hombres de las actuales?
- Si el gobierno proveerá de los recursos económicos, propiedad del estado, para cubrir el quebranto del ISSSTE ¿acaso esto no es sanearle el negocio a los usureros mediante el uso de recursos públicos?
- ¿Cuanto le costará al agiotismo, en términos de su propia infraestructura administrativa, si cada trabajador está obligado a cotizar durante tres años en PENSIONISSSTE antes de poder optar por alguna afore?
- ¿Qué estatus legal adquirirán los conflictos que se susciten entre los administradores de los fondos para el retiro y los trabajadores?
- ¿Quién dirimirá estos conflictos?
- ¿Los trabajadores somos responsables del aumento, por mínimo que sea, del aumento en la esperanza de vida?
- ¿Se han tomado en cuenta que con el aumento de la esperanza de vida compramos nuevas enfermedades, particularmente las crónico degenerativas?
- ¿Cómo se garantiza la atención de estas enfermedades si se subrogarán los servicios médicos?
- ¿Por qué no se hacen estos experimentos primero con un gremio de menor envergadura para evaluar sus posibles beneficios, por ejemplo, el ejército?
- ¿Desde principios de la década de los 80`s que decisiones tomadas por los gobiernos han beneficiado a la sociedad en su conjunto?
- Si una empresa como Telmex, cuya infraestructura la pagamos todos y que ahora es sólo de ustedes saben quien, ha dado al segundo hombre más rico del mundo en un intervalo de tiempo extremadamente corto ¿cómo es posible que mantengan que las empresas estatales no sean negocio?
LA LUCHA NO DEBE SER POR NOSOTROS, SINO POR NUESTROS HIJOS
POR LA DEFENSA DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
SALUD-PAN-VESTIDO-TECHO-EDUCACIÓN
PARA TODOS, TODO
